• Chihuahua: ¿Amenazada por la infección y la contaminación? • Discordia: ¿el común denominador en la entidad?

En los recientes días han surgido a la luz pública noticias que preocupan por su evidente relación con la contaminación de la capital del Estado de Chihuahua. Unas de ellas son las inherentes al siniestro ocurrido en el Relleno Sanitario, así como a su “absorción” por la mancha urbana, la otra es la referente a los supuestos fétidos olores y escurrimientos de grasa cadavérica, que algunos vecinos del panteón La Colina atribuyen a dicho cementerio. Es verdaderamente riesgoso y grave que, en caso de ser ciertos los señalamientos que en ambos casos han sido vertidos, no se actúe a fondo y a tiempo por parte de las autoridades sanitarias, pues lo que podría estar en juego es la salud pública de los habitantes capitalinos.

En su caso, los problemas anteriormente citados se agravarían, si aunado a éstos se considera otro potencial riesgo infecto-contagioso que aunque quizá todavía es inadvertido por muchos, existe en varios lugares de la ciudad, donde la defecación al aire libre -en parques públicos, terrenos baldíos y banquetas- efectuada por indigentes o migrantes, constituye una cotidiana realidad. Así, algunos de tales hechos lejos de ser suposiciones o hipótesis imaginarias tienen por desgracia el carácter de verdaderas amenazas para la  otrora limpia, higiénica y orgullosa capital.

Desafortunadamente, desde hace 18 meses se percibe en el estado de Chihuahua -y debido al actual proceso electoral cada vez con mayor intensidad- un ambiente de tensión y falta de armonía en ciertos sectores de la sociedad. Los gremios de maestros, algunas organizaciones de productores agropecuarios, numerosos medios de comunicación, y algunos personajes públicos y ex funcionarios vinculados a partidos distintos al que gobierna la entidad, figuran entre las víctimas más notorias de tal insidia social, pues ha sido públicamente conocida la confrontación protagonizada con estas por parte de la presente administración pública estatal.

Dicha tensión, pese al crecimiento que en ese mismo período ha registrado la inseguridad de los Chihuahuenses, no obedece a los índices delictivos de alto impacto que a lo largo y ancho del estado tiñen de sangre y miedo a los gobernados, quienes sufrimos los embates de las ejecuciones, secuestros, asaltos y extorsiones que hoy casi han dejado de sorprendernos porque forman parte de la cotidianidad. Tal desencuentro entre los chihuahuenses es, por desventura, producto de la intolerancia y el revanchismo de carácter político, cuyo origen no pocos periodistas y analistas políticos coinciden en atribuir al sello que ha decidido imprimir al ejercicio de su administración el actual titular del Poder Ejecutivo. El gobierno debe entender y atender con seriedad la alta responsabilidad que implica el deber de gobernar, cuyo ejercicio implica establecer prioridades para el bienestar de los chihuahuenses, entre las que no se hallan, por supuesto, las acciones encaminadas a satisfacer rencores o venganzas políticas, ni intereses de tipo partidista-electoral.

Mientras en el artículo 93 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, se establece, entre otras, la obligación que tiene el Gobernador para “velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad del Estado y por la personal de sus habitantes”, hoy la discordia política parece ser el común denominador en la entidad.

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