Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua: Inconstitucionalidad a ultranza.

En el Estado de Chihuahua, como desde hace dieciocho meses lo hemos venido viendo los chihuahuenses, y tal como algunos analistas han afirmado, se respira un aire de discordia política que crece cada día más en función del avance del presente proceso electoral. La rivalidad partidista, los compromisos políticos con personas afines al grupo gobernante, y los intereses electorales, parecen ser las prioridades que un año y medio atrás determinaron la agenda y el rumbo que desde entonces tomó el Estado Grande, por decisión de quien hoy lo representa.

Entre las evidencias de ese ambiente de discordia que ahora vive la entidad se halla, sin lugar a dudas, la clara transgresión hacia la división de poderes y la independencia de ciertos organismos autónomos de carácter técnico, cometida por el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. Las ilícitas e inconstitucionales defenestraciones que en su momento, y por así convenir al interés personal del titular del Ejecutivo, fueron realizadas en contra de los titulares de: el Tribunal Superior de Justicia (Magistrado Gabriel Sepúlveda Reyes), la Auditoría Superior del Estado (Auditor Superior Ignacio Rodríguez), y el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Comisionado Presidente Rodolfo Leyva), constituyen pruebas flagrantes del desdén hacia las leyes y las instituciones, que ha caracterizado al ejercicio del poder desplegado por el actual mandatario.

En los recientes días, los sonados casos de las resoluciones emitidas por un tribunal federal y por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al juicio de amparo promovido por Rodolfo Leyva (ICHITAIP), así como en relación a la controversia constitucional inherente a la destitución de Gabriel Sepúlveda (TSJ), respectivamente, pusieron en evidencia la inconstitucionalidad en la que ha incurrido el actual Gobierno de Chihuahua en algunos de los asuntos más polémicos de su gestión.

No obstante haber sido debidamente comprobadas, juzgadas y publicadas las violaciones a la ley cometidas por el Ejecutivo de Chihuahua, éste continúa dando muestra de  hallarse obstinado en desplegar de manera sistemática tales conductas, pues en abierto desacato al mandato judicial que ordenó la reinstalación de Rodolfo Leyva en el puesto de Presidente del ICHITAIP, Alejandro de la Rocha, Presidente ilegítimo del organismo, y varios consejeros del mismo, sometiéndose a los designios de palacio se han negado a cumplir la ordenanza emitida por la justicia federal. Si hubiera necesidad de describir en modo sucinto las diversas infracciones a la ley en las que deliberada y reiteradamente ha incurrido el gobierno de Chihuahua, éstas indefectiblemente tendrían que identificarse bajo el título de: Inconstitucionalidad a ultranza.

carlosjaramillovela@yahoo.com.mx

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