Anaya recibió soborno de 6.8 mdp para aprobar reforma energética: FGR
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una versión Pública sobre el caso de Odebrech -Pemex que involucra a Emilio Lozoya y al excandidato presidencial panista, Ricardo Anaya, dada a conocer esta tarde por la Fiscalía General de la República (FGR), confirma, que los únicos elementos con que cuenta el ministerio público para incriminar al panista, se basa solo en testimonios verbales de varios testigos.
Algunos de ellos son los testigos Miguel Miguel Pérez Esquivel, quien fuera chofer de Lozoya Austin y Froylán Gracia Galicia un ex colaborados cercano, manifestaron haber presenciado diversas visitas de Ricardo Anaya y otros legisladores, a las oficinas de Emilio Lozoya, en la Dirección General de PEMEX; lo cual quedó asentado en diligencias ministeriales.
De acuerdo con la versión, los altos funcionarios de Odebrecht Brasil, Hilberto Mascarenhas Alves, Marcelo Odebrecht y Luis Alberto Meneses Weyll, señalaron en actas ministeriales en dicho país, su intención de obtener, a partir del año 2012, controles y contratos en operaciones sustantivas en el área petrolera mexicana; y, para ello, entregaron sobornos a Emilio Lozoya como un primer pago por 10 millones de dólares, para garantizar el control sobre esa producción petrolera.
Lozoya Austin, en su denuncia de 2020, señaló que recibió instrucciones “superiores” para entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya, para que votara a favor de la Reforma Energética que privatizaría la producción petrolera mexicana, en favor de empresas extranjeras, como Odebrecht Brasil.
Según consta en diligencias ministeriales, dicha cantidad le fue entregada a Ricardo Anaya, por una persona de confianza del propio Emilio Lozoya cuyo nombre es Norberto Gallardo; misma cantidad que le entregó a Ricardo Anaya en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en el año 2014.
Posteriormente, y de conformidad con lo señalado en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados, donde se aprobó la Reforma Constitucional en materia Energética, quedó constancia de que Ricardo Anaya votó a favor de la misma.
Los testigos Miguel Miguel Pérez Esquivel quien fuera chofer de Lozoya Austin y Froylán Gracia Galicia un excolaborador cercano, manifestaron haber presenciado diversas visitas de Ricardo Anaya y otros legisladores, a las oficinas de Emilio Lozoya, en la Dirección General de PEMEX; lo cual quedó asentado en diligencias ministeriales.
“La secuencia de todas las diligencias señaladas, que pueden aportarse en versión pública, más otras adicionales, evidencian una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido”, señala la versión pública del expediente difundido por la FGR.
Y asegura, que todo lo anterior, ya ha quedado debidamente judicializado en casos vinculados con el presente asunto, los cuales ya son del dominio público.
De conformidad con los artículos 212, 261, 313 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se señala que, en la etapa de investigación inicial, de audiencia inicial y de vinculación a proceso, el Ministerio Público de la Federación sólo necesita exponer al Juez de Control los datos de prueba con los que considere que se establece un hecho que la ley señale como delito y la sola “probabilidad” de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.
La versión pública del caso, de da a raíz de que Ricardo Anaya fue citado a declarar ante un juzgado. En lugar de ello, le envió por Twitter un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que le dice que se presentará ante el juez, a cambio de que sus hermanos Pío y Martín de Jesús López Obrador, se presenten a declarar ante el mismo juez y reciban el mismo trato que le den a él.
Ello, para que respondan por el dinero que, en diferentes momentos recibieron de David León. Los dos hermanos fueron captados en diversos videos recibiendo fajos de dinero durante el proceso electoral de 2015 y hasta el momento, la FGR no ha judicializado sus casos.
