García Luna busca libertad con fianza de un millón de dólares
Acusado de tráfico de cocaína a Estados Unidos, coludido con la fracción del Cártel de Sinaloa que fuera comandada por Joaquín El Chapo Guzmán Loera, y de mentir bajo juramento a agentes migratorios, García Luna argumenta lo siguiente para salir bajo fianza:
“Tener suficientes lazos con esté país (Estados Unidos), haber vivido como residente permanente y legalmente desde 2012, y que su esposa e hijos están también aquí y tener propiedades cuyo valor garantiza el pago de la fianza”, se lee en el documento elaborado por la defensa.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, que acusa de tráfico de drogas al exfuncionario federal mexicano, pidió en días recientes al juez Cogan negarle la libertad bajo fianza debido a que el acusado podría huir a México y ser escondido por el Cártel de Sinaloa.
“No tiene la habilidad de irse, el señor García Luna entregó al gobierno de Estados Unidos su pasaporte y tarjeta de residencia permanente. No cuenta con recursos y es absurda la idea de que huiría a México donde no tiene acceso al sistema financiero y enfrentaría un arresto y proceso judicial”, acota su abogado, César Castro.
Ya sabía lo que le esperaba
En la notificación al juez, la defensa de quien también fuera titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en la presidencia de Vicente Fox, da a entender que antes de ser capturado el 9 de diciembre pasado en Dallas, Texas, su cliente ya sabía lo que le esperaba.
“Por más de un año antes de su arresto, el señor García Luna estaba enterado de los alegatos en su contra y no huyó de los Estados Unidos”, se destaca en el documento de cinco páginas que el abogado Castro entregó a la Corte en Brooklyn este martes 25 de febrero.
Por medio de su defensor de oficio, García Luna a quien en algún momento el expresidente Calderón bautizó como “el súper policía”, sostiene que le sería imposible escapar de la justicia estadunidense y que cumplirá con todas sus citas ante el juez Cogan.
La siguiente audiencia de trámite de preparación de juicio está calendarizada para el próximo 2 de abril.
A principios de enero pasado, García Luna y los fiscales estadunidenses anunciaron que estaban negociando “un acuerdo” para buscar una solución al caso sin necesidad de realizar el juicio.
“Con todo respeto pedimos a la Corte la libertad del señor García Luna con el pago de una fianza de un millón de dólares, que será respaldada con la firma de tres individuos financieramente responsables y garantizada con propiedades pertenecientes al señor García Luna con un valor aproximado de un millón 200 mil dólares”, agrega el abogado.
Dispuesto a ser monitoreado
La defensa sostiene que su cliente además se sometería a la supervisión de todos los servicios de preparación del juicio, amén de proporcionar a la Corte su ubicación para que sea monitoreado.
El defensor del exsecretario de Seguridad Pública le expone al juez que “es débil” la petición del gobierno de Estados Unidos de negarle a su cliente la libertad bajo fianza.
Respecto a las finanzas y propiedades de García Luna, el abogado explica al juez que el acusado no tiene liquidez en Estados Unidos, que es dueño mayoritario de dos negocios y que desde su arresto las empresas han perdido todos sus contratos y por ende fueron cerradas.
La defensa del exfuncionario mexicano refutó nuevamente la acusación del Departamento de Justicia de que cuando fue secretario de Seguridad Pública recibió de tres a cinco millones de dólares en sobornos por parte del Cártel de Sinaloa para garantizar operaciones de trasiego de drogas.
Por otro lado, la defensa de García Luna alega que, debido a las condiciones en las que se encuentra bajo prisión, el acusado corre el peligro de poner en riesgo su estado de salud física y mental.
De ser sometido a juicio y ser declarado culpable, García Luna enfrentaría una sentencia mínima de 15 años de cárcel y de cadena perpetua como pena máxima.
Al negociar con el Departamento de Justicia y llegar a un acuerdo con los fiscales de su caso, García Luna evitaría ser enjuiciado y podría ser acogido bajo el programa de testigo cooperante.
Como testigo cooperante García Luna tendría que estar a la disponibilidad del Departamento de Justicia para actuar como testigo en juicios de personajes acusados de narcotráfico y ligados al Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales mexicanas y extranjeras.
Tras su servicio como testigo cooperante, García Luna tendría que ser sentenciado por un juez quien a recomendación del Departamento de Justicia podría castigarlo con una pena de 15 años o menos de cárcel.
Luego de cumplir su sentencia en Estados Unidos por los delitos que le imputan, el gobierno de México puede solicitarlo en extradición para que responda por los cargos que le achaca la justicia mexicana relacionados con el tráfico de enervantes y lavado de dinero.
