Gobierno de AMLO normaliza la política militarista de Calderón: #SeguridadSinGuerra
Explicaron que un ordenamiento presidencial de esa naturaleza “faculta a las fuerzas armadas para realizar detenciones, ejecutar órdenes de aprehensión, asegurar bienes, resguardar y procesar escenas del crimen, y hacer labores de seguridad pública en las fronteras, aduanas, carreteras federales, aeropuertos, parques nacionales y medios de transporte en general, sin controles externos ni mecanismos de rendición de cuentas”.
Al resaltar que, contrario a la Constitución, las fuerzas armadas no quedan subordinadas bajo la autoridad civil, sino “coordinadas” con ellas, destacaron que el acuerdo “normaliza la práctica establecida desde el gobierno de Felipe Calderón: la militarización de la seguridad pública sin control alguno y fuera del mandato constitucional”.
El colectivo alertó que, además de ser contrario a la Constitución, también lo es al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “que determinó sin equívocos la subordinación de cualquier acción de la Fuerza Armada permanente a autoridades civiles”.
En su pronunciamiento, el colectivo desmenuza el acuerdo resaltando que es contrario a la reforma constitucional que dio lugar a la creación de la Guardia Nacional, por ejemplo, elimina el carácter excepcional de la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, además de que no se establecen con claridad las facultades que tendrán las instituciones castrenses.
“Más allá de mencionar el respeto a los derechos humanos y la obligación de acatar la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, el acuerdo es omiso en la obligación de regular, estableciendo amplias facultades que no corresponden a las Fuerzas Armadas”, abundó.
#SeguridadSinGuerra reprobó que en el documento firmado por López Obrador y los secretarios de Defensa, Luis Crescencio Sandoval; Marina, José Rafael Ojeda, y Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, se establece claramente que “no hay supervisión externa a lo que los militares y marinos hagan al realizar detenciones o revisiones de aduanas, puertos, transporte público, etcétera”, de manera que “la fiscalización es interna, propia de la justicia militar y no la civil”.
En cuanto al ordenamiento al secretario de Seguridad de coordinarse con las autoridades castrenses, se advierte que “no hay una subordinación a la autoridad civil correspondiente, son un mecanismo vago de coordinación”.
De igual manera, cuestionó la vocación pacifista del gobierno de López Obrador, al señalar que “un gobierno que esté verdaderamente comprometido con la desmilitarización del país y la construcción de paz, no debería emitir un acuerdo de este tipo, sino reglas claras, objetivos precisos y un sistema de fiscalización y rendición de cuentas mientras (las Fuerzas Armadas) continúen en las calles”.
A ello debería agregarse el establecimiento claro de la subordinación militar a la autoridad civil, “y fechas y parámetros para lograr el regreso progresivo de los militares y los marinos a sus cuarteles, a fin de cumplir con la principal meta” de que el 26 de marzo de 2024 no haya personal castrense en las calles, como fijó la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional.
Remató: “Desde #SeguridadSinGuerra expresamos nuestro rechazo a este nuevo golpe. La situación actual derivada de la pandemia no puede ser una cortina de humo para aprobar leyes que menoscaban nuestro sistema constitucional de frenos y contrapesos o para avanzar el militarismo en el país. Este gobierno se ha quitado la máscara”.
Tomado de proceso.com.mx
