La justicia brasileña ratifica la condena contra el expresidente Lula da Silva
En el marco de una importante movilización en las afueras de la sede de la Justicia Federal de Porto Alegre, el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF4) ratificó la condena al expresidente de Brasil y candidato del Partido de los Trabajadores (PT) Lula da Silva.
De esta forma se confirma la sentencia de primera instancia del juez de la 13ª Corte Federal de Curitiba, Sergio Moro, quién está a cargo de la mega causa conocida como Lava Jato (‘lavado a presión’, en español).
Esta investigación reveló una trama de corrupción alrededor de la empresa estatal brasileña de petróleos Petrobras y una larga lista de sobornos pagados a dirigentes políticos por el gigante de la construcción Odebrecht.
¿Qué implica la condena?
Si bien la legislación contempla la posibilidad de que Lula sea puesto en prisión de manera inmediata, resulta poco probable debido a los distintos recursos de apelación que puede presentar. No obstante, la sentencia supone -de hecho- una inhabilitación para presentarse a las elecciones.
Esto debe ser confirmado por el Tribunal Electoral pero la ley del país sudamericano establece que los condenados por corrupción no pueden aspirar a cargos públicos. De allí la campaña de distintas organizaciones populares que sostienen la consigna de que “Sin Lula, es fraude”, en alusión a los comicios presidenciales de este año.
Dicha opinión es sostenida por el politólogo argentino Atilo Borón, quien asegura en declaraciones a RT que unos comicios en Brasil sin la presencia del expresidente Lula da Silva podrían considerarse “prácticamente un fraude” y carentes de valor.
¿Cómo sigue el proceso?
Con el fallo unánime de los tres jueces, ahora Lula puede exigir una revisión y esclarecimiento del fallo. Esto impediría que sea puesto inmediatamente en prisión.
Si hubiera habido un voto en disidencia el expresidente podría haber apelado ante la Corte Suprema de Justicia y llevado la causa a una nueva instancia.
La acusación contra Lula
En el juicio celebrado en julio de 2017 el expresidente fue condenado por aceptar un lujoso departamento a cambio de beneficiar a la constructora OAS, con contratos de la estatal Petrobras.
La adjudicación del inmueble, frente a la playa en el Condominio Solaris en Guarujá (municipio del estado de San Pablo), se habría llevado a cabo a través de familiares de Lula. En la denuncia recibida por el juez Moro y avalada por este, se acusó a la empresa OAS de haber pagado a otra compañía para resguardar bienes de Da Silva mientras estuvo en la presidencia.
Sin embargo a lo largo de juicio no se logró demostrar que sea el propietario y mucho menos se identificó cuál fue el acto o la omisión (delito de “corrupción pasiva”) que habría dado origen al recibimiento del inmueble.
Protestas en todo el país
A la manifestación que aguardó la sentencia en Porto Alegre se sumaron otras en distintos puntos del país como Fortaleza, Belem y Rio de Janeiro.
En esta última, organizaciones políticas y sociales ocuparon la sede del grupo mediático O’Globo, para denunciar la complicidad de esa empresa con el golpe de Estado contra Dilma Rousseff y el proceso judicial contra Lula.
Quienes se movilizaron en defensa del líder del PT sostienen que este juicio busca, en realidad, impedir que el dirigente se presente a las elecciones presidenciales de este año.
